Plan B Electoral somete al INE a restructura

chml1996
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El “Plan B” de reforma electoral comenzó su vigencia este jueves 2 de marzo, con lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) quedará sometido a estrés institucional para reestructurarse en su totalidad en menos de seis meses.

“¿Cuándo tendría que terminarse la implementación de esta ley? … de aquí a agosto”, explicó el consejero presidente Lorenzo Córdova.

En ese plazo, el Instituto deberá emitir nuevas normas internas, ajustarse al recorte presupuestal, despedir al 84.6% de su personal especializado y, al mismo tiempo, prepararse para las elecciones de 2024.

Todo se deberá realizar en tiempos acotados y ya sin el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, un área que durante los últimos 14 años había sido el enlace con todos los órganos desconcentrados del INE en las 32 entidades; una plaza que ocupó en ese tiempo Edmundo Jacobo Molina, quien coordinaba las tareas del Instituto a nivel central y cuyo cese fue automático tras la promulgación de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles 1 de marzo.

Con la publicación, de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y de Partidos Políticos (LPP), así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el decreto por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral el llamado “Plan B” de reforma electoral quedó completo.

La primera parte de esa reforma –que incluyó los cambios a la Ley de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas– entró en vigor el 28 de diciembre, luego de ser avalada por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso.

El segundo paquete del “Plan B”, con reformas a cuatro leyes, dio al INE tres meses como plazo máximo para emitir lineamientos para su reestructura; tres meses más para ajustar su presupuesto –es decir en agosto–, y en ese mismo trimestre liquidar a la mayor parte de su personal profesional.

En noviembre deberá estar listo para arrancar el Proceso Electoral Federal (PEF) 2024, se estima que con 84.6% menos de su personal especializado. Y a más tardar entre el 23 y el 25 de agosto –es decir, 90 días antes del inicio del PEF– deberá concretar su transformación normativa y de estructuras centrales y a nivel nacional.

Para el INE, según el Informe rendido ante el Consejo General del INE en enero, sobre la “incidencia en la función electoral de los decretos de reforma”, la reestructuración integral debería aplazarse al mes de octubre, eso si entraba en vigor en febrero.

Pero eso no ocurrió y apenas comenzó su vigencia este 2 de marzo, por lo que los tiempos se redujeron y quizá se haría necesaria una extensión de plazo.

Al respecto, el INE calcula que esta “cirugía mayor” no estaría lista 90 días antes del PEF 2024 y de ser ese el caso, no podrían aplicarse los cambios legales en esos comicios.

La reforma que apenas entró en vigor es, alertó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “un conjunto de disposiciones ya desfasadas de la realidad”.

Al no haberse promulgado el decreto en diciembre hoy ya son medidas “contradictorias entre sí, y además, generan la posibilidad de que no se encuentren conformados los órganos electorales (producto del rediseño) para cuando deba comenzar el proceso electoral federal de 2024”, advirtió.

Por lo pronto, en sesión del viernes 3 de marzo, el INE dará el segundo paso ordenado en el Plan B –el primero fue la salida inmediata del secretario ejecutivo, mandatado por el artículo transitorio décimo séptimo de decreto- y a esto seguirá la designación de un encargado del despacho de la secretaría ejecutiva, que recaerá en quien fuera director ejecutivo de Capacitación, Roberto Heycher Cardiel Soto.

Córdova evidenció que esa primera consecuencia del Plan B dejó al organismo sin secretario ejecutivo pues la reforma, según el artículo primero transitorio, entró en vigor el 2, pero la destitución de Edmundo Jacobo desde el 1 de marzo.

Cambios a nivel central

El “Plan B” de reforma electoral implicará una modificación a la estructura del INE a diversos niveles. Para su reestructuración orgánica total, el INE tiene máximo dos meses para identificar qué hacer y cuánto costará, lo que debe ocurrir “a más tardar en abril”, según el artículo décimo transitorio del “Plan B”.

Los mismos dos meses los tiene para la planificación de su transformación, a nivel central, pues el artículo transitorio décimo cuarto marca que “a más tardar el 1o. de mayo, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto”.

Y una vez aprobados estos lineamientos ya sólo tendrá un mes para transformarse a nivel central, a todo vapor, tarea que debe completar en un plazo de tres meses.

Esto porque en la sesión a que convoque en mayo, según el transitorio décimo sexto del “Plan B”, deberían asumir sus cargos los nuevos titulares de las direcciones ejecutivas.

Sin embargo, el proceso no será sencillo y estará conducido -debido a la destitución de secretario ejecutivo- por un encargado de despacho.

Pero el “Plan B” ordena también un cambio en el número e integración de las Comisiones de trabajo del Instituto, la fusión de direcciones, la compactación de áreas y de tareas.

La reforma incluye 16 cambios a la estructura que impactan a igual número de comisiones, direcciones y unidades técnicas. Eso implicará desde reorganizar personal, alinear estructuras ocupacionales y emitir lineamientos de funcionamiento, hasta reubicación de oficinas, todo en un tiempo récord de 60 días.

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Destaca, por ejemplo, la creación de una Comisión de Administración –antes con nivel de dirección–, pero a la que ahora se incorporará el titular del Órgano Interno de Control (OIC), es decir, quien debe vigilar el ejercicio del gasto, pero ahora también decidirá cómo ejercerlo.

Se fusionarán las direcciones y las comisiones de Organización y la de Capacitación, por ejemplo.

O una de las áreas más complejas y con sobrecarga laboral con o sin elecciones, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se fusionará con la Dirección Jurídica para dar origen a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral, ese entre otros cambios.

Tiempos que chocan con previsiones

Para esas modificaciones a la estructura central se da como plazo el mes de mayo, pero otra parte del decreto ordena que las reasignaciones presupuestales y de personal involucradas en esa transformación ocurran, incluso, hasta el 1o. de agosto.

Es decir, tres meses después de que las estructuras cambien, se realizarán las reasignaciones presupuestales, el cambio de adscripción de personal, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes utilizados por las unidades administrativas sujetas a la reestructuración.

Las decisiones y cambios involucrados implican la modificación de claves presupuestales, apertura y cierres de cuentas bancarias, reasignaciones de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y trabajadores de la rama administrativa, inventario de mobiliario y en su caso traslados a inmuebles propios o arrendados.

La temporalidad para todos esos cambios está en el décimo quinto transitorio del decreto, mismo que ordena que la Dirección Ejecutiva de Administración auxilie a la Comisión de Administración –la primera desaparece en mayo y en ese mes se crea la segunda– para definir y realizar, “a más tardar el 1o. de agosto”, los cambios en las asignaciones.

¿Y el 2024?

Otro caso similar se perfila con relación a la preparación rumbo a las elecciones del 2024. Conforme al “Plan B” primero deberán realizarse cambios normativos en el INE, después reestructurar al organismo y nombrar funcionarios de las áreas que son los que conocen y operarán las normas previamente aprobadas.

La reforma modificó la fecha de inicio del Proceso Electoral Federal y ahora el de 2024 arrancará la tercera semana de noviembre.

Pero se dio al INE un plazo de máximo dos meses para adecuar todos los reglamentos y normas del Instituto que impacten en esa elección, para estar en condiciones de que sean aplicables en ella.

El artículo séptimo transitorio de la reforma establece “entre enero y abril de 2023, el INE identificará la normativa que se deberá adecuar conforme al presente decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas”.

Pero debido al universo de cambios realizados con la reforma el INE deberán modificar al menos una decena de reglamentos vinculados con la organización, conducción del organismo, organización de elecciones, fiscalización, trabajo de los consejos locales y distritales del Instituto.

Tan sólo algunos de ellos son el Reglamento de Elecciones, el Reglamento Interior del Instituto, el de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE, el de Comisiones del Consejo General, el de Quejas y Denuncias y el de Radio y Televisión en Materia Electoral.

A eso se suma que simultáneamente a esa reformas normativas el INE deberá renovarse parcialmente, pues el 4 de abril otras personas deberán asumir la presidencia del Consejo General del INE y tres consejerías, pues ese día concluye su gestión Lorenzo Córdova Vianello, y los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz.

Los nuevos consejeros no tendrán curva de aprendizaje pues de inmediato deberán integrarse a las comisiones del Consejo para el trabajo cotidiano y decidir con cuatro de once votos, sobre la transformación del INE tengan o no expertise en la materia.

Basta sólo un caso de las muchas enmiendas para ejemplificar lo que deberá ocurrir: la reforma modificó el proceso de cómputo de votos de una elección.

Ahora al cierre de las casillas, a las 18:00 horas el día de una jornada electoral, iniciará el cómputo de votos, y ya no existirá el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), donde se difundía paso a paso cómo avanzaba el conteo extraoficial.

Esa modificación es materia de organización, pero también de capacitación electoral, e involucra las sesiones de los consejos locales y distritales y está relacionada con las quejas que pudieran presentarse el día de la elección, e incluso con fiscalización de lo que gasten los partidos en sus representantes en casillas.

Según lo aprobado, deberán hacerse todas esas modificaciones a más tardar en abril y transferir atribuciones a instancias que para entonces serán inexistentes.

Esto porque hasta el mes siguiente, en mayo –conforme al régimen transitorio del Plan B–, el INE reestructurará cuatro áreas involucradas: fusionará las direcciones ejecutivas de Organización y la de Capacitación para dar origen a una sola, asumirá su titular y se juntarán también las comisiones de esos ramos.

Ese es sólo un cambio por hacer, pero la reforma ordena que el próximo mes el INE debe reflejar esos y todos los demás cambios, decenas de ellos, en cada uno de los reglamentos respectivos.

Por ejemplo, en materia de voto por internet para mexicanos en el exterior, voto para personas postradas, voto en reclusorios o electrónico; eliminación de plazas en distritos y estados, nuevas reglas para postulación de candidatas mujeres, y candidaturas para minorías, reducción salarial, reducción de tiempos para reclutamiento y capacitación de funcionarios de casilla, y para la tramitación de quejas, entre muchos otros cambios.

La nueva Ley electoral también ordena juntar tres áreas, la Dirección de Administración con la del Servicio Profesional Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Y en este caso el transitorio décimo octavo da de plazo “a más tardar el 30 de julio” para expedir un nuevo Estatuto del SPEN que una a los sistemas del Instituto y de los organismos públicos locales electorales (OPL).

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